Los jueces acaban con las condenas a los “manteros”

on 14 agosto, 2009

RAMON FERRANDO

Los magistrados exigen a las sociedades de autores que demuestren que tienen los derechos

Los magistrados de lo Penal de la Comunitat Valenciana están acabando con las condenas indiscriminadas a los vendedores de CD y DVD falsos. Los jueces han comenzando a aplicar una doctrina del Supremo que exige a las sociedades de autores que demuestren que tienen los derechos cedidos. La última sentencia absolutoria la acaba de dictar una magistrada de Alicante que fundamenta su decisión en que la sociedad que reclamaba una compensación ni siquiera examinó el material intervenido. El fallo incide en que no se ha acreditado que el colectivo de gestión de derechos los tuviera cedidos.

El fiscal pedía que el acusado, un joven subsahariano que carecía de residencia legal, fuera condenado a seis meses de prisión por un delito contra la propiedad intelectual. El imputado, según recoge el apartado de hechos probados del fallo, fue sorprendido el 28 de septiembre de 2005 vendiendo copias falsificadas en Mutxamel. El joven fue arrestado con 161 CD de música y 58 películas en formato DVD de diversos títulos.

El acusado aseguró en el juicio que la bolsa no era suya sino de una persona asiática que estaba en un bar. La juez afirma que está convencida de que el joven mintió. Un policía local declaró en el juicio que una persona les informó de que el acusado le había ofrecido discos y películas. Sin embargo, la magistrada apunta que nadie identificó a los titulares de los derechos. La sentencia cuestiona las condenas a los “manteros” en favor de las sociedades de autor sin que se acredite quienes son los beneficiarios de la propiedad intelectual, según explicó el abogado Gabriel Echavarri.

Los jueces de Alicante han de mostrado una actitud tolerante con los “manteros”. Otro magistrado alicantino falló que los “manteros” no causan un perjuicio económico a las industrias discográficas y cinematográficas. El juez condenó a los acusados pero les eximió de indemnizar a la Asociación Videográfica y Fonográfica Española. El magistrado se opuso a que los condenados pagarán a la sociedad de gestión de derechos de autor al estimar que no está demostrado que la distribución de CD o DVD en la calle implique un descenso de ventas en los comercios.

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