El TSJ acumula ya denuncias contra medio millar de planes urbanísticos

on 25 febrero, 2009

Los magistrados resuelven los casos en 18 meses

RAMÓN FERRANDO

Los jueces valencianos están recibiendo una avalancha de denuncias contra los programas de actuación integrada (PAI) que se desarrollan en la Comunitat Valenciana. Los recursos los están interponiendo la Delegación del Gobierno contra resoluciones de la Generalitat Valenciana, las asociaciones ecologistas, las empresas urbanizadoras y los particulares. El rechazo popular al urbanismo salvaje también está detrás de los recursos de algunos PAI. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) está analizando actualmente quinientos recursos contra los PAI, según confirmó ayer a Levante-EMV el TSJCV.

Los magistrados valencianos están trabajando a destajo para dar salida a los casos y que no se colapsen las secciones encargadas de tramitar los asuntos urbanísticos. Los jueces de lo Contencioso del TSJCV resuelven las denuncias en una media de 18 meses cuando los magistrados de otras comunidades autónomas están tardando entre cuatro y cinco años en dictar sentencia. Los jueces eluden paralizar los PAI como medida cautelar al ser conscientes de que el proceso se puede prolongar durante años si llega al Tribunal Supremo.

La complicada legislación valenciana en materia urbanística está detrás de se se hayan disparado las denuncias contra presuntas irregularidades de los PAI ante los jueces de lo Contencioso. Gabriel Echavarri, abogado especializado en asuntos urbanísticos, recordó que el problema de fondo es que los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han abusado de los PAI para desarrollar actuaciones urbanísticas en detrimento de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), que tienen mayores garantías legales.

Comisión Europea

La Comisión Europea ya ha denunciado ante el Tribunal de Justicia Europeo las dos leyes urbanísticas valencianas. El ejecutivo comunitario considera que se han “incumplido” dos directivas europeas al adjudicar los PAI conforme a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus herederas: la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Rogtu).

Las directivas incumplidas son las referidas a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obra (Directiva 93/97CEE) y la de adjudicación de contratos públicos de contratos y servicios (Directiva 2004/18CE).

El Tribunal de Justicia Europeo tarda de media entre uno y dos años en resolver los asuntos. Si los magistrados dan la razón a la Comisión Europea, España deberá adoptar la ley en el plazo que se dé para que respete la legislación comunitaria. Si el ejecutivo comunitario verifica que no se ha modificado la legislación “puede sugerirle al Tribunal de Justicia Europeo que imponga una sanción” a España. La multa a un Estado miembro está regulada en el artículo 228 del Tratado de la Unión Europea.

El conflicto con la Comisión Europea se inició hace cuatro años. La Comisión Europea envió en marzo de 2005 la primera carta de emplazamiento para “llamar la atención sobre las incompatibilidades de ciertas disposiciones de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) con dos directivas europeas y varios principios del Tratado de la Unión Europea”.

Contestación del Consell

La Generalitat contestó con una carta y un proyecto de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) como remedio a todos los males de la LRAU. La Comisión Europea reclamó explicaciones sobre la LUV en dos misivas. La Generalitat respondió con un proyecto revisado de la LUV que cambiaba 89 de los 267 artículos iniciales. La ley entró en vigor el 1 de febrero de 2006, pero antes se presentaron una avalancha de planes urbanísticos para evitar la nueva legislación más exigente.
La Comisión Europea abrió formalmente un procedimiento de infracción contra la LUV porque, al menos, trece artículos “violan” las directivas comunitarias. Poco después, la Comisión inició otro procedimiento de infracción contra las empresas mixtas creadas por la Conselleria de Territorio con un selecto grupo de promotoras para construir grandes PAI de VPO y renta libre.

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