Una empresa deberá pagar a un vecino por vulnerar con ruido su derecho a la intimidad

on 1 agosto, 2005

El magistrado considera que un concesionario con lavadero de coches tiene que indemnizar al propietario de un inmueble colindante por una intromisión ilegítima en su vida familiar

RAMÓN FERRANDO

El titular del juzgado de Primera Instancia número 11 de Alicante ha condenado a un concesionario de Alicante por perturbar con los ruidos que emite la vida familiar de los propietarios de un piso colindante. El juez ha impuesto al concesionario de Sant Joan d´Alacant la obligación de indemnizar a los vecinos con novecientos euros por vulnerar su derecho fundamental a la intimidad.

La sentencia abre una nueva vía para ser indemnizado por los ruidos que produce un vecino, según informó el letrado que ha ganado el caso, Gabriel Echavarri Fernández. El juez considera que la familia demandante sufrió ruidos insoportables durante 450 días y ha fijado una indemnización de dos euros por cada día.

El vecino presentó una demanda contra el concesionario por los ruidos que producía un túnel de lavado de vehículos y las máquinas de aire acondicionado. El juez de Primera Instancia ha encontrado probado que el demandante soportó en su vivienda desde septiembre de 2003 a diciembre de 2004 niveles de ruido que superaban ampliamente los límites máximos permitidos por la normativa municipal. La situación llegó a tal extremo que el Ayuntamiento de Sant Joan acordó el 9 de marzo de 2004 el cese de actividad de la mercantil, aunque lo volvió a conceder poco después.

La Policía Local de Sant Joan llegó a medir un nivel de ruido de 83,8 decibelios dentro del domicilio del demandante, cuando la ordenanza municipal fija el límite en 35 decibelios. El letrado Gabriel Echavarri explicó que «un ruido de 83,8 decibelios es aproximadamente el que puede hacer un ciclomotor a toda potencia. Tener este ruido durante ocho horas al día dentro del salón de tu casa es insoportable y nocivo para la salud».

La mercantil demandada hizo algunas reformas para insonorizar la empresa, pero en febrero de 2004 -seis meses después- seguía emitiendo un sonido que alcanzaba los 63,2 decibelios. En junio de 2004 hubo otra medición y también se superaron los límites admisibles. La Policía Local constató que en diciembre de 2004 -dieciocho meses después de la primera reclamación- los niveles de ruido ya eran aceptables.

Gabriel Echavarri incidió en que esta sentencia es «muy novedosa en Alicante. Normalmente se recurre a la vía administrativa para que el juez inste al Ayuntamiento a que obligue a la empresa a reducir los ruidos. Esta es una de las primeras sentencias que consideran que los ruidos vulneran el derecho fundamental a la intimidad». El magistrado incide en el fallo en que la vulneración de los niveles máximos permitidos en las diferentes mediciones de la Policía Local supera en muchos casos más del doble de lo permitido.

El juez apunta que durante 450 días el demandante «ha venido sufriendo niveles de ruido que van más allá de lo que puede considerarse soportable o tolerable, por lo que deben calificarse como intromisiones ilegítimas en su intimidad, dando lugar a la correspondiente indemnización por el daño moral sufrido». El juez acepta la pretensión del demandante de fijar dos euros de indemnización por cada día de ruido porque «dicha valoración se encuentra ausente de toda pretensión de enriquecimiento». El fallo todavía se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.

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